Sánchez se inclina ante la política lingüística del independentismo y entierra en la escuela la sentencia del 25% de españoles


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El Gobierno paraliza actualmente la reforma del delito de sedición al entender que no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente

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Flix Bolaos saluda a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagr, junto a otros miembros de la delegación del Gobierno y ministros.JAVIER BARBANCHO

La tercera reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya fue larga -casi dos horas- y finalizó con un acuerdo trascendente para el independentismo: el pleno reconocimiento por parte del Ejecutivo central de su política lingüística en lo que afecta el sistema educativo, lo que supone renunciar a la sentencia que obliga a la escuela catalana a impartir al menos el 25% de las clases en castellano.

El encuentro fue calificado por el ministro de Presidencia, Flix Bolaos, de «sincero», «amable» y «constructivo», pese a «partir de posiciones políticas muy diferentes». “Aquí empezamos a recolectar frutos concretos”. En concreto dos: un acuerdo para superar la judicialización de la política y otro para promover la lengua catalana. “Hoy abandonamos los monólogos y nos abrazamos a los acuerdos y al diálogo”, subrayó la ministra.

El primer pacto se refiere a la necesidad de “acabar con la judicialización de la política” y sustituirla por el “acuerdo entre diferentes personas”. Comprende tres principios: la actividad política e institucional debe desarrollarse dentro del marco legal vigente; Se renuncia a las acciones que sacan la política del juego democrático y todos los acuerdos que se alcancen deben ser representativos de la mayoría de la sociedad catalana.

No se contempla por el momento la posibilidad de llevar a cabo una reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición porque, a juicio del Gobierno, no se cuenta con la mayoría necesaria para llevarlo adelante, ya que se trata de una ley orgánica que exige una mayoria absoluta. Se trata de un acuerdo que, en palabras de Bolaos, «no se ha abordado» hasta el momento.

Aunque este punto era fundamental para el bando catalán, Bolaos aseguró que este encuentro demuestra que «el enfrentamiento estéril entre una parte de Cataluña que intenta imponerse a la otra» «nunca se volverá a repetir».

En cuanto a la lengua catalana, ambas partes acordaron impulsarla a partir del reconocimiento de la diversidad lingüística como fuente de riqueza para los ciudadanos.

“El catalán es una lengua española y por tanto una obligación de promoción del Gobierno central. Se reforzará su promoción en los centros escolares y se reafirma el compromiso con el pleno dominio del catalán y del castellano una vez finalizados los estudios. Autonomía de los centros para adaptar su política lingüística a las necesidades de sus alumnos.

En definitiva, el Ejecutivo central reconoce plenamente la ley de la lengua catalana porque representa, dice, al 80% de los ciudadanos. Y ello a pesar de que la citada norma evita la regla que obliga a impartir al menos el 25% de las materias en castellano.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que favorecerá una política lingüística en los proyectos legislativos; garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en el idioma de su elección, y se promoverá una revisión del Reglamento del Senado para ampliar el derecho de los senadores a expresarse en sus respectivos idiomas cooficiales. Asimismo, se pedirá al Parlamento Europeo poder utilizar el catalán en los plenos. Este acuerdo se extenderá al euskera y al gallego si así lo solicitan los gobiernos de sus comunidades autónomas.

«Cada vez hay más cosas que nos unen», insistió Bolaos, quien aseguró que «con el diálogo nadie pierde». “Hoy no es un punto final, seguiremos trabajando discretamente y cuando haya más acuerdos haremos una nueva mesa de diálogo”.

La mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat destacó la necesidad de que PSOE y ERC mantengan sus vínculos para mantenerse en el poder. La reunión que ha tenido lugar hoy en La Moncloa da cumplimiento al acuerdo alcanzado el día 15 por Pedro Sánchez y Pere Aragons en su reunión de deshielo. La mesa anterior tuvo lugar hace diez meses y ahora se ve revitalizada por la urgencia del presidente del Gobierno de vincular apoyos con la vista puesta en la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado, el salvoconducto que le facilitará viajar hasta el final de la legislatura

Por el lado de ERC, las necesidades también son urgentes. Luchando a diario con su compañero en el Gobierno por el liderazgo del independentismo, Aragãos tiene que demostrar que el camino del diálogo que eligió con el Gobierno central ofrece mejores resultados que la estrategia frontal que eligió Junts. Su presidencia aún está pendiente de la moción de confianza en 2023 con la que se comprometió con la CUP en el ámbito de los acuerdos de investidura.

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Villafañe Daniel

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